El 4 de septiembre se llevó adelante en Chile un referéndum con la propuesta de reformar la Constitución Política de la República redactada por una Convención Constitucional. Para poner fin al “legado de Pinochet” según decían. Con más de 13 millones de votantes, marcó el hito de ser el proceso electoral con mayor participación en la historia de Chile. La propuesta fue finalmente rechazada por más del 60% de los votos válidamente emitidos.
Queremos compartir algunas reflexiones realizadas a un lado y al otro de la Cordillera.
El nuevo gobierno, por más progresista que sea, no puede dar respuesta a los reclamos de la revuelta de hace tres años. No puede porque es la administración del Capital.
Existen muchas maneras de reprimir una revuelta. La burguesía no recurre a la represión física por el gusto de la sangre sino porque se ve acorralada. Existe otra represión que es la institucional, la integración democrática. La finalidad es mantener la normalidad, al costo que sea.
Tanto el nuevo gobierno de Boric y compañía, así como este intento constituyente, son la consumación de la derrota, al menos temporal, de la revuelta iniciada en octubre de 2019. Allí se tenía como objetivo inmediato la destitución del gobierno de Piñera, lo que devino en el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” y procesos electorales de largo plazo: plebiscito, elección de constituyentes, elecciones presidenciales, “plebiscito de salida”. Al calor de la revuelta se pusieron sobre la mesa una serie de problemáticas sociales en torno a la salud, educación, pensiones, algunas de las cuales se expresaban muy concretamente, como el fin de los créditos universitarios y la condonación de las deudas existentes, o la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones. Las cuestiones represivas también tomaron importancia, dada la brutal actuación de las fuerzas chilenas y los miles de presos de la revuelta. Sigue leyendo
