Hace poco más de dos años, el 15 de noviembre del 2020, las pugnas interburguesas cerraron un ciclo. Con la destitución del gobierno de Manuel Merino que acababa de vacar a Martín Vizcarra, los representantes políticos de la burguesía en el Estado reinstauraron el orden del capital. Los mártires de este proceso, asesinados por la policía, fueron Inti Sotelo (24 años) y Jack Pintado (22 años). Francisco Sagasti tomó el poder y trajo la calma a la burguesía peruana. Al instante estallaron las luchas del proletariado de la agroexportación en las regiones de Ica y La Libertad. La CONFIEP emitió un comunicado el 30 de noviembre que decía: “la protesta debe ser pacífica y no afectar el Estado de derecho”. Sagasti cumplió su función como representante de la gran burguesía: desplegó la represión policial. Reynaldo Reyes Ulloa (28 años) fue asesinado en Virú por el suboficial, Víctor Bueno, con un disparo en la cabeza. Jorge Yener Muñoz Jiménez (20 años) fue asesinado por el suboficial superior José Hoyos Agip. También Kauner Niller Rodríguez De la Cruz (16 años) fue víctima del embate policial. El papel de Sagasti fue claro: proteger los intereses del gran capital agroexportador. Las carreteras fueron liberadas para que las mercancías circulen, los trabajadores retornaron a ser explotados en los fundos de producción. El orden del capital se impuso a sangre y fuego, la libertad de compra y venta y la acumulación de capital predominaron frente a la vida de los trabajadores y, con ello, las pugnas interburguesas continuaron.
El presente es análogo, pero se reconfigura de forma muy distinta. El cambio fundamental es la radicalización de la lucha de los trabajadores contra los representantes de la gran burguesía peruana: el Estado. Ahora los trabajadores no reconocen a este gobierno y se declaran, con justa razón, en insurgencia. Como una flama en un campo, la lucha ha incendiado cada rincón del Perú. Las carreteras de la Panamericana Sur en la Joya y en Ica han estado cerradas casi permanentemente en estos días de lucha, ello ocurrió de forma más intermitente en Majes.
El jueves 8, la localidad de Canchis, en Cusco, no reconoció al gobierno y se declaró en insurgencia popular. En Cajamarca y Cusco, las Plazas de Armas estuvieron tomadas por miles de trabajadores, situación que se viene replicando en varias regiones del país en los siguientes días. La CURROCAP (Central Única Regional de Rondas Campesinas de Puno) y CUNARC (Central Única Nacional de Rondas Campesinas) se declararon en pie de lucha. El viernes 9, Espinar pidió la disolución del Congreso y la renuncia del gobierno, al cual no reconocían; este mismo día hubo protestas en Chumbivilcas, Arequipa, Alto Siguas, Huaraz, Huánuco y Huancavelica y otras localidades. El sábado 10, Apurímac se declaró en insurgencia y convocaron a un paro para el día lunes 12. La Convención, en Cusco e Ilave, en Puno, también anunciaron un paro indefinido para el mismo día. Hoy, domingo 11, la vía nacional que conecta las regiones de Ayacucho y Andahuaylas amaneció bloqueada. También se encuentra bloqueada la carretera del distrito de Chicmo, sector de Moyabamba baja.
Por su parte, el Centro Poblado de Secocha se trasladó al distrito de Ocoña, en Arequipa, para bloquear carreteras. La FENATE (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú) anunció un paro nacional para el 15 de diciembre. En Chanchamayo, ubicada en la Selva Central, se anunció el bloqueo del puente de Pichanaki y se convocó a 5 mil comuneros para dirigirse en marcha a Lima. En Azangaro, Puno, se sumaron licenciados de las Fuerzas Armadas a las protestas de los pobladores. En Yuramayo, Arequipa, trabajadores cerraron el túnel de Vitor.
Además, en estos cuatro días (del 8 al 11) se han sumado a la jornada una cantidad considerable de comités de luchas, organizaciones de base, sindicatos, etc. ¿Por qué se lleva a cabo la radicalización de la protesta popular? Una explicación fundamental se encuentra en la agudización de la crisis del capital, sus expresiones en la escalada militar a nivel mundial y su manifestación más clara en la guerra ruso-ucraniana, que ha llevado al alza de precios a nivel global, precarizando la vida de millones de trabajadores en el mundo. El Estado poco hizo para contrarrestar los impactos de estos choques externos en las familias trabajadoras, su rol ha tendido a ser el salvaguardar los intereses burgueses, mientras la crisis viene colocándose directamente en los hombros de los trabajadores, quienes sufren diariamente la subida de precios, la escasez de materiales para la producción agrícola (como es el caso de los fertilizantes), el alto precio del combustible, etc. Problemas que, junto a las sequías cruentas (SENAMHI) y el rebrote del Covid-19, agravan la condición del campesinado y encarecen los alimentos.
Piquetes, cierres de carreteras y marchas son las legítimas y espontáneas respuestas de la clase trabajadora frente al reposicionamiento de los partidos burgueses que dirigen el Estado. Las luchas, hasta ahora, pueden dividirse según su composición y objetivos principales: Mientras Lima se compone de grupos de izquierda, organizaciones tradicionales, coordinadoras, etc., y muy poca base de trabajadores, en las otras regiones la composición es mayormente de trabajadores autoconvocados. Mientras que en Lima prima como consigna la liberación de Pedro Castillo, en provincias prima el cierre del Congreso; ambas coinciden en la renuncia del Ejecutivo, las nuevas elecciones y el pedido del cambio de la Constitución.
En las regiones radicalizadas de la sierra sur, se evidencia una crítica más allá del mero acto reivindicativo del anterior gobierno, al cual se acusa de traidor. Las razones son claras, Castillo no representaba a la clase trabajadora, sino a una burguesía nacional emergente. En ese sentido, el grueso de las luchas que encabezan los trabajadores autoconvocados se moviliza en contra del decadente pacto intercapitalista que sostiene en la presidencia a la oportunista Dina Boluarte. Tal lucha marca un cambio en el escenario político peruano: HEMOS PASADO DE LAS DISPUTAS INTERBURGUESAS A LA LUCHA DE CLASES. Si bien todavía se muestra como una incipiente manifestación concreta de la contradicción capital-trabajo, los trabajadores comienzan a emprender acciones de lucha contra los representantes de la clase capitalista en el Estado. También, es cierto que aún se trata de una movilización contra una fracción de los representantes de los capitalistas, y que las principales consignas se restringen a cambios democratizantes. Conscientes de ello, no desestimamos la potencia de estas acciones, ya que pueden desembocar en un proceso de radicalización que le permita a la clase intervenir defendiendo sus intereses históricos contra el orden del capital. Ya se mencionan en las consignas que el Congreso solo representa a la CONFIEP, órgano máximo de organización de la gran burguesía peruana.
Amenazan también con tomar los corredores mineros del sur, que actualmente son las más grandes e importantes del Perú. También, llaman a parar la producción en Las Bambas, Compañía Minera Antapaccay, etc., además, comienzan a dirigir sus acciones contra corporaciones peruanas como CORPAC en el Aeropuerto de Andahuaylas.
Es probable que mañana, lunes 12 de diciembre, las luchas se radicalicen mucho más. Gran cantidad de trabajadores se han autoconvocado en todas las regiones del Perú aumentando las expectativas de los órdenes fácticos. Los trabajadores de Andahuaylas no pudieron esperar más y se convirtieron en el centro y ejemplo de la lucha nacional. Desde el día 10, al menos 5 mil trabajadores hicieron sentir sus fuerzas y su inconformismo con el orden dominante; por la tarde, los trabajadores de Huancabamba tomaron el aeropuerto de Andahuaylas. Una avioneta de las Fuerzas Armadas llegó desde Lima con más contingentes militares. Hoy, 11 de diciembre, helicópteros descienden repletos de contingentes policiales para seguir reprimiendo y salvaguardando los intereses capitalistas. El resultado, la muerte de David Arequipa Quispe (15 años) con una bala alojada en la cabeza y de Atoche Bekam Romario Quispe Garfias (18 años) producto del impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. La forma en que el capital hace prevalecer su orden, demuestra el vil desprecio que sus representantes tienen por la clase trabajadora.
La radicalización de la protesta en esta provincia se puede explicar por su fuerte tradición de lucha por la tierra en el siglo XX y porque ella representa la situación general de crisis y empobrecimiento de la población campesina. Mientras que, por el lado político, tenemos el rechazo a la institucionalidad corrupta, a la centralización limeña y al racismo generalizado, aspectos más mediáticos. Por el lado económico, factor esencial, encontramos a una provincia que es el gran centro de abastecimiento agrícola e importante zona comercial en la región apurimeña. Trabajadores campesinos y comerciantes vienen sufriendo los embates de la subida general de precios provocado por la crisis capitalista y la guerra; la producción agrícola fue tornándose insostenible por la subida de fertilizantes, mientras que la dinámica comercial se tornó desacelerada por la misma precariedad de los trabajadores, que pasaron por despidos y ausencia de ajustes salariales. Por su parte, la gran explotación minera en la región de Apurímac en nada contribuye a su desarrollo, pues no representa un factor determinante de empleo, al contrario, con la tan alabada gran minería los niveles de pobreza se han incrementado. El grueso de la población laboral apurimeña (70%) continúa trabajando como independiente o dentro de la pequeña actividad agrícola, son ellos los que mantienen ingresos de s/. 816 y s/. 714 soles, respectivamente, salarios que no alcanzan a cubrir lo mínimo para su sobrevivencia. Esta es una figura que se repite en otras regiones baluartes de la penetración imperialista saqueadora de nuestros recursos. Más miseria para el pueblo a costa de la explotación de los trabajadores y la devastación de la naturaleza.
Mientras la lucha se radicalizaba, los congresistas sesionaban en sus cómodas curules hoy a las 18hrs. Lejos de prestar atención a las luchas, los representantes del capital hacen gala de su desprecio por la clase trabajadora llamando a imponer violentamente el orden democrático burgués. Esdras Medina Minaya, congresista de Somos Perú, señala que: “La culpa es de Castillo, cometió el delito de Rebelión que fue flagrante”. Gladys Echaiz, congresista de Renovación Popular, es más intransigente: “[…] Nos llaman golpistas como si nosotros lo hubiéramos hecho. […] Hay terroristas afuera”. Juan Bartolome Burgos Oliveros, no agrupado, dijo: “manifestaciones violentas propias de bandadas de los miembros de Pedro Castillo”. La calaña de estos políticos solo ensaña más el clamor de las luchas. Mientras tanto, uno de los medios más reaccionarios, llama a disparar a los manifestantes en la cabeza.
Por otro lado, el sábado 10, la irreconocida presidenta Dina Boluarte hacía evidente el pacto interburgués en la juramentación de su cartera ministerial; llama la atención de la elección de Pedro Angulo Arana como Premier, personaje vinculado a la mafia de los Cuellos Blancos y excandidato presidencial por el partido liberal Contigo, además de sus denuncias de acoso sexual.
Si el detonante real de la movilización proletaria es el descontento contra la decadencia burguesa y la agudización de la crisis (en sus dimensiones políticas y económicas), la solución no puede pasar por cambios dentro del sistema. Las consignas que llaman al cierre del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones no pueden más que darle una pausa a un proceso corrosivo que solo puede tender a más miseria. Lo mismo sucede con otras medidas aparentemente radicales. Ni los partidarios de la Asamblea Constituyente, ni el pseudoradicalismo etnocacerista se proponen cuestionar las relaciones sociales de producción y la dominación del capital, que son el origen de la miseria que nos aqueja. Es más, limitando las luchas a demandas institucionalistas, cumplen la función de freno para alguna propuesta más radical de la clase trabajadora.
Frente a un problema que hunde sus raíces en el sistema solo quedan opciones radicales: la propia emancipación de los trabajadores. Apostamos por la continuidad de la movilización de los proletarios del campo y la ciudad, así como su propuesta de radicalizar sus métodos de lucha. Ya conocemos los procedimientos represivos del brazo armado del Estado. Querer dialogar con estos solo debilitarán las luchas emprendidas. Solo estas acciones pueden garantizar el hacer frente a la crisis. El gobierno de los capitalistas (con Castillo o sin él) ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas básicos de los trabajadores: el encarecimiento del costo de vida, la falta de fertilizantes o la subida de los combustibles. Estos problemas cotidianos no se podrán resolver sin una lucha férrea contra los capitalistas que se sirven de la riqueza producida por los trabajadores mediante el Estado.
En ese sentido, es una urgencia unificar las luchas de todos los sectores explotados con una agenda que vaya más allá de las disputas políticas interburguesas, y de los cambios del personal que administra el Estado. Organizar comités que vinculen locales de trabajo y barrios es fundamental, así como reorientar los organismos ya existentes en ese sentido. Frentes de defensa, asociaciones de transportistas y sindicatos deben pautar sus intereses comunes por encima de las modificaciones institucionales. Los proletariados con su unidad y su fuerza pueden organizar los destacamentos necesarios para contraponer a la actual miseria institucional nuevas formas de organizar la economía, la política y la cultura. Solo superando las limitaciones de las consignas actuales a partir de una práctica radicalmente nueva es que podremos poner fin a las constantes crisis que aquejan a los trabajadores desde que la republica burguesa se constituyó.
¡Por la unidad de la clase trabajadora del campo y la ciudad!
¡Viva la lucha del proletariado a lo largo y ancho de todo el país!
¡Abajo las salidas burguesas a la crisis política y económica!
Editorial Ande
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