El ovillo que ataba la mecha de las luchas se ha quebrado encendiéndose la chispa en el alma de los trabajadores y en los campos donde alzan los puños. De Albania a Sri Lanka, de España a la India, de Sudan a Perú, algunas cesan, otras se encienden. Sube el precio del pan y las tortillas, del gas y el aceite, del arroz y la leche. En algunos casos el Estado cede unos centavos para contener las luchas, pero las jugosas ganancias del capital continúan galopantes bajo su protección sacando provecho de la miseria de los trabajadores, miseria que crean y profundizan por la cruenta guerra imperialista que han desatado bajo su propia expansión y desarrollo.

Desde el lunes 28 de marzo hay carreteras bloqueadas en Piura, Cajamarca, Ayacucho, Áncash, Junín, Arequipa, Apurímac, Puno, sumándose rápidamente Ica, Ucayali, Tingo María, Huánuco, Huancavelica, Lima, que a la vez se despliegan en una cantidad de regiones como Vitarte, Huaycán, Barrio Chino, El Álamo, Salitral, Las Lomas, Palpa, Mariano Dalmaso y un largo etcétera. Sin embargo, el epicentro de las protestas para el 2 de abril fue Huancayo y en los siguientes días Ica y Huánuco. No es casual que los muertos pertenezcan a estas tres regiones. Tales protestas son promovidas en un inicio por agricultores y transportistas, adhiriéndose raudamente otros sectores del proletariado, siendo el más importante un grueso contingente de los obreros del sector agroexportador en el sur y norte del territorio nacional. Los trabajadores de estos sectores fueron los más activos en las acciones directas que implicaron el bloqueo de carreteras y, en consecuencia, el bloqueo de la circulación de mercancías y la producción de valor. La lucha del proletariado fue una contundente respuesta de clase frente al aumento de los precios que se produjo por la crisis y expansión imperialista del capital a nivel mundial.

Lejos de ver la contradicción entre capital y trabajo, determinación fundamental de las acciones del proletariado, la izquierda del capital, en todas sus variantes, con la visión estrecha que la caracteriza, prefirió criminalizar la protesta, vinculándola a una manipulación de la derecha y a la acción de supuestos sectores “lumpen”. En ese sentido iban las declaraciones de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Rocío Silva Santisteban y otros tantos colectivos e individualidades, todos, más allá de sus diferencias, representantes del electorerismo, la conciliación de clases y las salidas institucionales, en suma, de una postura contrarrevolucionaria. Estos sectores no tienen como fin el acrecentamiento del poder de los trabajadores, sino la formación de nuevas burocracias subordinadas al esquema de reproducción del capital nacional.

El grueso de la lucha de los trabajadores en el interior del país se dio por un motivo concreto: la defensa de sus condiciones de vida frente al aumento de precios generado por el capital en su proceso de expansión imperialista, frente a los políticos que saquean las arcas públicas y frente al capital nacional que aumenta sus precios a diestra y siniestra. Ese hecho, y no la existencia de elementos externos a los intereses de los trabajadores, es la fórmula básica que resulta incomprensible a la sapiencia de la izquierda institucional. En ese sentido, ve el asunto como algo accesorio porque está empecinada en mantenerse en la gestión de la maquinaria estatal y defender la gestión conciliatoria de Pedro Castillo. Desde asesores con jugosos sueldos hasta ministros; desde altos cargos en el Banco Interamericano de Desarrollo hasta puestos nacionales en Petroperú, todos brindan por la santa república llenando sus bolsillos a diestra y siniestra ¡Salvo los puestos en el gobierno todo es ilusión!

Conviviendo con esta muchedumbre de oportunistas, se puede ubicar una cohorte de sectores conservadores y nacionalistas. Desde su premier Aníbal Torres de raigambre autoritaria y conservadora que cita a Hitler y Mussolini en público como ejemplos de progreso, hasta el mismo presidente; desde sus asesores “ocultos” bajo las sombras, hasta sus ministros. Esto no es un hecho aislado, ya antes había nombrado como su premier a Héctor Valer, un ultraderechista promotor de organizaciones totalmente conservadoras. Su fisonomía se muestra diáfanamente, no obstante, frente a la actual lucha de los trabajadores. Castillo dice el 31 de marzo: “Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados por algunos dirigentes y cabecillas […] es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas”. Alfonso Chávarry, refiriéndose a los trabajadores muertos, señala el 4 de abril en el distrito de Ate: “no había nada más, solo son cuatro” y en su llegada a Ica el 6 de abril: “Llegamos para devolver la paz y la tranquilidad” tras la muerte de Jhony Quinto a manos de la policía por una bala en la cabeza. Su “orden” y “paz” se traduce en una brutal y sangrienta represión contra los trabajadores. A esto se suma su declaración del estado de emergencia para el 5 de abril en Lima y Callao. ¡Nada más y nada menos que el día del golpe de Estado encabezado por el criminal Alberto Fujimori! Estas actitudes frente a la crisis no son falta de capacidad, ni torpeza política. Antes que eso, expresan su política de conciliación de clases, sus posiciones conservadoras y contrarrevolucionarias, su papel servil a la explotación capitalista. Por lo que resulta una profunda ingenuidad que ciertos colectivos de izquierda le sigan pidiendo de rodillas al presidente que regrese a su “verdadera” posición de cambiar la constitución y apoyar a los trabajadores. Como si en algún momento hubiera existido una “auténtica” posición a favor de los trabajadores. Va un eco de Toledo, viene un eco de Ollanta, esperemos no venga un eco del siguiente mesías.

En aparente enfrentamiento con la izquierda, todos los representantes de la derecha tan reaccionaria y conservadora pretendieron direccionar la movilización de los trabajadores, intentando imponerles la bandera de la vacancia presidencial. Con una perspectiva aún más mezquina que sus pares de “izquierda”, pretenden hacer creer a los trabajadores que la salida del presidente sería la solución a todos los problemas, que mágicamente los precios bajarían y la carestía de los medios de vida sería resuelta. La hora de la derecha llegó el 5 de abril. Echaron mano de sus viejas tácticas desplegadas en campaña electoral: contrataron operadores políticos del seno del pueblo, pagaron barristas como fuerza de choque, financiaron buses para el traslado y materiales como banderas, cintas, bombos, camisetas, etc., es decir, compraron almas y conciencias como suelen hacer. Se añade también el ingrediente mayoritario de una diversa pequeña burguesía, adepta a la ideología liberal en lo económico, pero conservadora en lo social y cultural, sectores evangélicos recalcitrantes, nacionalistas, grupos abiertamente neofascistas como la Resistencia. No podían faltar los sectores más acomodados de Lima, los “pitucos”, provenientes sobre todo de los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, San Miguel, etc. Lima, región que más votó a Keiko, se convirtió en el baluarte de las artimañas de la derecha. Pero, al tiempo que fraguaban sus marchas, dejaban caer sus velos de apoyo a los trabajadores mostrando sus únicas intenciones: el control del gobierno. Comenzaron a tildar de revoltosos a los que marchaban fuera de Lima, de pronto, comenzaron a aparecer mágicamente pintas con la hoz y el martillo en Junín, epicentro de la lucha de los trabajadores. Se comenzó a revelar su temor a un desborde, su pánico a que los trabajadores “bajen de los cerros a saquear”.

Además, que el alza de los bienes primarios no afecta en lo más mínimo sus vastos ingresos.

Esta marcha frankensteiniana no tiene la más mínima intención de resolver el problema de la carestía de los medios de vida, ni es muestra de solidaridad frente a la movilización de los trabajadores. La suya es la agenda de la conservación. Buscan desplazar al ejecutivo en la gestión del Estado e introducir tecnócratas representantes de fracciones capitalistas que no pretenden ninguna reforma fiscal ni ninguna medida regulatoria que melle mínimamente sus ganancias. Si agitar el cambio constitucional como respuesta a la crisis es sembrar ilusiones, es mil veces más inverosímil intentar hacer creer que un reposicionamiento de la derecha resolverá las cosas mágicamente. ¿Qué tienen para ofrecer a los trabajadores del campo y la ciudad? Nada, solo más explotación y miseria.

A estas alturas es claro que más allá de quién gestione la maquinaria estatal, el sello capitalista termina imponiéndose siempre contra los intereses de los trabajadores. La diferencia entre Castillo y la derecha es de forma, no de fondo, de apariencia, no de esencia. El antagonismo izquierda-derecha, por tanto, es por el control de los negocios, los puestos y una más eficiente acumulación de capital. De ahí que las medidas tomadas por el gobierno no atenten las ganancias del capital y antes de ser un beneficio para los trabajadores sean un subsidio para los capitalistas.

La solución que propone la izquierda institucional es la asamblea constituyente o, como algunos quieren, la asamblea popular constituyente para darle un cariz más popular a un mecanismo estatal burgués nacido en la revolución francesa. Esta consigna ha calado en la conciencia de vastos sectores de los trabajadores que apuestan por la iniciativa de una asamblea que desplace a la impuesta vía dictadura en 1993. Se trata de una consigna que efectivamente podría paliar de manera coyuntural problemas relacionados a la reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo, permitiendo el control de precios, entre otras medidas, pero que definitivamente no puede resolver los problemas estructurales derivados de las relaciones sociales de producción capitalistas y la dominación burguesa en nuestro país. Al contrario, no haría más que fortalecer y legitimar el Estado capitalista, la institucionalidad burguesa, el nacionalismo, el ciudadanismo y el parlamentarismo. Lejos de promover la movilización, terminaría por desmovilizar a los trabajadores, promoviendo que militantes radicalizados pasen a trabajar de funcionarios estatales, orientando su acción política a los fines de los grupos políticos que les garantizan prebendas por su posición en el Estado. Las experiencias recientes en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Chile demuestran que los procesos constituyentes no trastocan en lo más mínimo la miseria y la explotación capitalistas que padece la clase trabajadora, es más, la potencian en muchos casos. Una asamblea constituyente es ante todo un mecanismo de contención y cooptación de la movilización independiente de la clase trabajadora.

No por casualidad todos los procesos constituyentes y los gobiernos “progresistas” se dieron después de movilizaciones de trabajadores radicalizados a los que fueron frenando paulatinamente. Hacer un balance de esas experiencias posibilitaría a los trabajadores superar la “perspectiva constituyente” como alternativa principal frente a la explotación capitalista.

En ese sentido, consideramos que la clase trabajadora revolucionaria necesita actuar independientemente. La pequeña burguesía democrática está muy lejos de desear la transformación de toda la sociedad; su finalidad tiende únicamente a producir los cambios en las condiciones sociales que puedan hacer su vida en la sociedad actual más confortable y provechosa. Desea, sobre todo, reducción de gastos nacionales por medio de un acrecentamiento de la burocracia y la imposición de las principales cargas tributarias sobre los capitalistas. Para este objeto necesita una constitución democrática que pueda darles la mayoría en el gobierno, parlamento y municipalidades. Con el fin de adueñarse del poder y de contener el desarrollo del gran capital, el partido democrático pide la reforma de las leyes, e igualmente que se transfieran los servicios públicos y tantas empresas industriales como se pueda a las autoridades del Estado y del municipio. En cuanto a los trabajadores, ellos deberán continuar siendo asalariados, para los cuales, no obstante, los sectores democráticos procuran salarios más altos, mejores condiciones de trabajo y una existencia más segura. Los demócratas tienen la esperanza de realizar este programa por medio del Estado, la administración municipal, a través de instituciones benéficas. En concreto: aspiran a corromper a la clase trabajadora llamando a la tranquilidad, y así adormecer su espíritu revolucionario con concesiones y comodidades pasajeras.

Considerando todos estos elementos, entendemos que las tareas fundamentales de los trabajadores trascienden las estrechas perspectivas que todos los políticos burgueses pretenden imponerles. Ni la asamblea constituyente resolverá la miseria capitalista, y mucho menos la salida del presidente y del personal político en el Estado. La aparente polarización entre el reformismo y los sectores reaccionarios es secundaria frente a lo verdaderamente importante: la inmediata salvaguarda de las condiciones de vida de los trabajadores, y a largo plazo el desarrollo de la conciencia de los trabajadores y el fortalecimiento de su organización autónoma que permita intervenir de forma independiente contra todas las fracciones capitalistas. Es decir, la reconstrucción del partido revolucionario de los trabajadores, proceso que deviene como parte del autodesarrollo de la conciencia de la clase trabajadora en la confrontación con el capital. La entrada y salida de presidentes, los cierres del congreso o las salidas de ministros, han sido procesos accesorios e irrelevantes para los intereses de los trabajadores. La solución constituyente, así mismo, no pasa de ser un paliativo que no antagoniza con el interés del capital, sino que, al contrario, se materializaría como una concesión para poner a salvo el orden burgués de una eventual radicalización de los trabajadores.

Frente a esto es fundamental la independencia política de la clase trabajadora, el fortalecimiento de sus organizaciones, el apartamiento de las direcciones electoreras de los frentes de defensa, sindicatos y asociaciones, y, en ese sentido, la construcción de su propio partido revolucionario. La tarea no será fácil, ni se desarrollará de la noche a la mañana, pero es el camino de la autoemancipación de la clase trabajadora, de la superación del orden del capital, el camino donde los expropiadores serán expropiados.

¡Contra el Estado, la ultraderecha y los cambios dentro de la lógica del capital!

¡Que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores!

¡Abandonar las ilusiones constituyentes y luchar por la independencia política de clase!

¡Por la unidad internacional de la clase trabajadora!

Editorial Ande

7 de abril del 2022