El ritual por excelencia de la democracia son las elecciones. El día en que se llevan cabo, una variedad de derechos quedan suspendidos mientras que al mismo tiempo los recintos de votación son resguardados por fuerzas militares y policiales. Este aparente contraste entre el acto más democrático de todos ocurriendo bajo vigilantes fusiles y libertades restringidas, no es sin embargo más que una de las más claras evidencias del inmanente carácter despótico del Estado y la sociedad organizada en torno a la acumulación capitalista.
“Esta vez sí será diferente”. “Ahora tenemos mucho en juego”. Todo proceso electoral es majaderamente promocionado como trascendental. Sin embargo, el plebiscito pactado para este 25 de octubre es quizás el evento que más se ha vendido en años bajo esta premisa. “Una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar”, o “la batalla por la que pelearon nuestros padres y abuelos”, nos dice el progresismo/izquierdismo. “Debemos terminar con la herencia de Pinochet”. Y así, otra vez, la figura del sanguinario dictador se utiliza para conjurar la crítica radical y total contra la sociedad del Capital. Si durante la dictadura militar la crítica al capitalismo se escamoteó ante las peticiones democráticas de partidos que incluían también a sectores golpistas, si el “mal” fue personificado en Pinochet y la vuelta a la democracia fue impuesta como la meta a alcanzar, desactivando con ello el motor de las extensas jornadas de protestas y las organizaciones de base que brotaban en las poblaciones, hoy el repugnante asesino le vuelve a prestar sus servicios a la izquierda del capital para convertirse en el “símbolo” a derrotar. En el caso de que incluso se asuma que nada positivo para nosotrxs está garantizado luego de votar, al menos “el pueblo obtendrá un triunfo simbólico”, nos cuentan. Es decir, otra derrota disfrazada de victoria, otra vez la alegría que no llegará.
El 18 de octubre de 2019 una explosión de rabia lúcidamente dirigida contra las estructuras del Capital y sus esbirros sacudió todo el país. La revuelta se nutría de una generalizada toma de consciencia de la imposibilidad de un presente y futuro que valga la pena vivir, de seguir las mismas condiciones que nos han arrastrado hasta estos días. Un amplio espectro de nuestra clase, principalmente el proletariado juvenil, ya no se tragaría más la publicidad del sistema. Más allá de los delirios del facherío recalcitrante, tras la revuelta de octubre, que se extendió a cada rincón de este territorio dominado por el Estado chileno, no había ninguna organización ni partido político que la dirigiese. Era una rebelión espontánea pero no por ello menos clara ni coordinada. La autoorganización tomaba el protagonismo. Ningún aparato político lograba encauzar el ímpetu rebelde de aquellas jornadas. Tras años de ciclos de protestas y debate crítico/teórico en torno a ellos, el germen de la revuelta lograba esta vez expandirse.
Nada detenía la creciente conflictividad, expresada en la masividad de las manifestaciones callejeras y la intensidad de los enfrentamientos con los aparatos represivos policiales y militares. El toque de queda tempranamente decretado para intentar frenar por la fuerza la explosión proletaria no fue respetado en ningún lado. Las propuestas miserables del gobierno para intentar aplacar la rabia generalizada no hacían más que añadir combustible al incendio. En contrapartida, la represión mutilaba y cegaba a nuestrxs compañerxs, asesinaba a decenas de lxs nuestrxs, mientras millares eran detenidxs brutalmente, expuestxs a vejaciones y torturas sistemáticas. La izquierda oficial no podía dirigir nada, ni mostraba mayor intención de hacerlo. Más bien, como se evidenció luego, su apuesta era contener el estallido, asustada también frente a la diversidad de experiencias en que nuestra clase expresaba su ira y sus reivindicaciones. Las burocracias sindicales, como era de esperar, en su gran mayoría se mostraron también reticentes a la acción, y se limitaron a vociferar tímidas demandas y unos cuantos eslóganes carentes de contenido. La derecha política, obviamente, pedía a gritos el derramamiento de sangre, pero su legitimidad se desplomaba exponencialmente con el transcurso de los días.
El día 12 de noviembre, organizaciones sindicales y gremiales asociadas a la izquierda tradicional, agrupadas en la amorfa entidad llamada “Unidad Social”, se vieron forzadas a convocar una jornada de huelga general que, si bien la mayoría de los sindicatos no secundó oficialmente, sí fue de facto exitosa, pues el nivel de masividad y conflictividad en las calles no permitió que ese fuera un día laboral normal. Ni aquel, ni los inmediatamente siguientes. Es así como, durante la madrugada del 15 de noviembre, la casi totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria firman entre cuatro paredes el llamado “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que salvaba al gobierno y con ello también al congreso. Es decir, el histórico Partido del Orden jugaba una de sus últimas fichas. Durante la mañana siguiente, algunxs despistadxs celebraron como un triunfo aquel pacto pacificador. El pueblo, suponían, obligaba a la clase política a dar una respuesta concreta: se hacía posible cambiar la constitución, la demanda con que la izquierda del capital pretendía desde hace años hacer proselitismo y obtener réditos electorales, y objetivo declarado de organizaciones ciudadanistas.
Transcurridas solo horas del mentado pacto, Abel Acuña, joven de 29 años, caía muerto en Plaza Dignidad mientras era parte de las manifestaciones, víctima de un paro cardiorrespiratorio agudizado por los gases tóxicos de la policía, mientras el carro lanzaguas apuntaba su chorro directamente a la ambulancia que lo atendía, bajo incesantes descargas de bombas lacrimógenas y perdigones que incluso hirieron al personal de salud que lo intentaba reanimar. Desde su misma concepción, el pacto de pacificación venía manchado con sangre. Con todo, estuvo muy lejos de calmar los ánimos. Pero era una jugada a largo plazo, pensada en encorsetar toda la intensidad desplegada durante aquellas semanas dentro de los márgenes de las campañas electorales, en transformar las nacientes organizaciones de base, las Asambleas Territoriales, en plataformas para las elecciones. La parafernalia democrática debía secuestrar y contener, como explícitamente lo afirmaron diversos voceros del partido del orden, de izquierda a derecha, la tendencia rupturista que tendía a la revuelta en una naciente revolución.
El objetivo fundamental del proceso constituyente que se abre con el plebiscito y sus opciones por el “apruebo” o “rechazo” es eliminar la amenaza del cuestionamiento concreto, profundo y radical, de las relaciones capitalistas como tales y las instituciones que las protegen, lo que equivale a poner en riesgo la legitimidad misma de la política burguesa y sus casi indiferenciables juglares, partidos y alianzas.
Si bien a los pocos días de iniciada la explosiva revuelta, la demanda de una Asamblea Constituyente que diera paso a una nueva constitución fue acogida con simpatía dentro de buena parte del movimiento, puesto que aún no se había superado el sentido común propio de la ideología dominante, que ve en el Estado un organismo neutral y capaz de llegar a representar los intereses populares, ni siquiera este anhelo ingenuo era tomado en consideración en la fabricación del acuerdo cocinado por las cúpulas de los partidos políticos. Una serie de trabas burocráticas hacen desde un principio absurdas las promesas de cambios efectivos profundos tras el proceso constituyente. De partida, no se conformará una asamblea constituyente como tal, sino que, a lo más, se da la opción para votar por una “convención constitucional” que falazmente es presentada por los aparatos políticos de izquierda cómplices del acuerdo como el equivalente de ésta. Por otro lado, persisten una serie de mecanismos que hacen que los sectores más conservadores puedan controlar lo que finalmente se escriba en la eventual nueva constitución, gracias al famoso quórum de los 2/3. Por si fuera poco, el sistema electoral no sufrirá variación, lo que significa que seguirán siendo los desprestigiados partidos políticos los que finalmente impondrán sus candidatos y, por tanto, las ya fútiles esperanzas puestas en ser protagonistas o siquiera escuchadxs en esos espacios de la política burguesa se enfrentan de entrada con un muro infranqueable.
“Pero puede ser un avance”, nos replican. No hay que dejar de “dar la pelea”. ¿Un avance hacia dónde? Este tipo de razonamientos dejan intencionalmente fuera la verdad de que estos procesos están diseñados para hacer impotentes nuestros esfuerzos y luchas. Si la única respuesta o “conquista”, como insisten en llamarle algunxs, obtenida de parte del poder luego de la imponente revuelta iniciada en octubre, fue este plebiscito y propuesta de reforma constitucional, mientras nos reprimían de la forma más brutal ¿qué más debemos esperar?
Los partidos que se ufanan de haber logrado la vuelta a la democracia, de haber derrotado al tirano “con un lápiz y un papel”, que por 30 años usufructuaron del modelo diseñado en dictadura, hoy nos invitan a cercenar nuestro movimiento y volverlo en contra nuestra, bajo la promesa de una nueva constitución que actualice la economía capitalista y les otorgue una renovada legitimidad.
No es tan solo que este proceso constituyente sea insuficiente, sino que es un mecanismo histórico para desarticularnos, para subordinar toda actividad autónoma a los intereses de la política electoral: para transformarnos en masa manipulable y negociable a la que recurrir para, en el mejor de los casos, meter presión por un par de leyes moderadas y artículos constitucionales altisonantes, a costa de la pérdida de autonomía y horizontes propios.
Ya su papel se evidencia hoy en los organismos que el propio movimiento gestó durante su revolución: las asambleas. Todos los necesarios y urgentes debates quedan nublados por la agenda electorera, y los partidos ya comienzan a fracturar todas las experiencias, aislando a quienes cuestionan la vía institucional desmovilizadora o muestran iniciativa propia, ofreciendo candidaturas y cargos tras bambalinas, sembrando con ello la desconfianza y reduciendo las instancias a meros aparatos propagandísticos de tal o cual campaña.
El último recurso ante el derrumbe de todo argumento medianamente racional para justificar el acarreo a las urnas es el del moralismo culpabilizante: “votaré porque el pueblo va a votar y yo estaré con él”, “voto porque la señora de la pobla dice que va a votar”. Cuando esto lo afirman los funcionarios frenteamplistas, no es más que una mentira. Ellxs quieren que votemos porque lo que les interesa es el mantenimiento de este orden social tal como está, sin mayores modificaciones. Cuando lo dicen personas más cercanas, que sostienen algún tipo de anticapitalismo, parece solo una excusa. “La señora de la pobla” se transforma en una figura mítica a la que apelar moralmente. Pero esas señoras de la pobla son nuestras madres, tías, abuelas y vecinas con quienes compartimos espacios y experiencias, y a quienes no escondemos nuestras posiciones ni tratamos de manipular condescendientemente.
Ya llevamos siglos de derrotas acumuladas siguiendo el mismo guión. La respuesta del partido del orden frente al estallido ha sido de manual: represión, encuadramiento, desmembramiento y más represión.
Más de 2.500 mil personas, según informaron organismos de DD.HH., estuvieron en algún momento encerradas en las prisiones de diferentes ciudades a lo largo del país por haber sido partícipes de la revuelta. Hoy siguen siendo centenares. El cobarde pacto firmado el 15 de noviembre del año pasado ni siquiera tuvo la mínima decencia de poner como condición su liberación y un cese del actuar criminal de los aparatos represivos del Estado. Por el contrario, cada semana caen más compañerxs, mientras un manto de impunidad protege a los esbirros.
La función fundamental de todo Estado es proteger los intereses de la clase dominante, de aquella que vive gracias a la explotación de las demás. Toda modificación dentro del Estado es entonces nada más que un reacomodo en las formas en que se lleva a cabo la dominación social. Pero para subsistir y justificarse, el aparato estatal debe presentarse a sí mismo como una entidad neutral encargada de regular la sociedad, de amortiguar los conflictos que surgen dentro de ella para evitar el colapso y el caos. Debe convencernos de que no es posible vivir si no es mediante él.
Hay sectores que realmente aspiran a una gestión más “social” del capitalismo. Para ellos, efectivamente una nueva constitución puede significar un avance o incluso un triunfo en sí mismo, puesto que su triunfo es contenernos. Pero nosotrxs ya no podemos seguir aplazando nuestras necesidades vitales. Debemos develar los mecanismos de encuadramiento de la institucionalidad capitalista, presentados por todo el abanico de partidos de izquierda y derecha que la sostienen. Debemos criticarlos y atacarlos. Debemos defender la autonomía de nuestra clase frente a toda intervención politiquera, frente a toda intención de interpretarnos con el lenguaje propio del poder.
El “Apruebo” y el “Rechazo” no son más que opciones de la casta política para dejar todo igual.
Nuestra apuesta es la autonomía, la acción directa, la construcción de comunidades de lucha genuinas y opuestas a las instituciones de la clase dominante, sus partidos y sus lacayos. Por eso no votamos, porque más allá del voto mismo, de la mitificada raya en el papel, el proceso constituyente en sí es la carta de quienes no quieren perder su poder, de quienes viven a nuestra costa, de quienes se aterran al vernos actuar y pensar por cuenta propia, criticando la miseria capitalista desde sus mismos cimientos.
Vamos Hacia la Vida
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