“Terrorismo: dominación por el terror” (Diccionario de la RAE)

Desde la gran insurrección del 18 de octubre el Estado ha mostrado su verdadera cara, el terrorismo, que siempre está por debajo de su supuesta legalidad y legitimidad democrática.

La dominación capitalista usa formas democráticas (“un hombre/un voto”, decían) para poder imponer su dictadura social y extenderse a todo el cuerpo social en tanto sistema productor y reproductor de tiempo muerto y mercancías. Eso no es para nada incompatible con usar formas de abierto terrorismo estatal: en 1973 y 2019, en dictadura y democracia, el Estado es uno solo, y la continuidad de sus formas de prevenir y controlar la revuelta salta a la vista: secuestros, torturas, violaciones, agresiones, y encarcelamiento masivo.

En estos días hemos podido ver por las redes sociales imágenes brutales de la represión en las calles, incluyendo disparos indiscriminados al cuerpo con arma de fuego, personas asesinadas, torturadas y mutiladas, encerradas en vehículos y centros de detención clandestinos, ataque a personal de salud y observadores de derechos humanos, uso masivo de gas pimienta, balines de goma y perdigones de plomo. Ya se han interpuesto cientos de querellas en contra de funcionarios policiales y militares, y la Fiscalía Nacional informó el 30 de octubre que están investigando 840 denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero el General Director de Carabineros afirma sin pudor que sólo han instruido 14 sumarios y que “no hay reproches” al accionar policial, tal como nos dijeron cuando mataron a Claudia López, Daniel Menco, Alex Lemún, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca y todas las veces en que ejercen su poder asesino en contra del pueblo rebelde.

Las querellas del INDH en contra de policías y militares hasta ahora son: 5 por homicidio, 18 por violencia sexual (incluyendo 2 violaciones), y 120 por tortura. Hay por lo menos 1305 personas que llegaron a hospitales heridas por la acción del Estado, incluyendo 32 heridas a bala, más de 500 por perdigones, y 146 con graves lesiones oculares.

Todos estos datos nos permiten hacernos una idea clara de cómo el Estado incrementó su poder para generar terror. Pero lo que no vemos es la represión aún más criminal y terrorista que opera en las sombras de los calabozos y cárceles, donde no pueden ser registradas por nuestros teléfonos y cámaras de fotos, y donde la impunidad es absoluta porque los agentes de Estado operan en el nivel “subterráneo” y menos visible del sistema penal.

Según los reportes del INDH, hasta el 31 de octubre se había detenido a 4271 personas en todo el país, de las cuales 2989 eran hombres, 656 mujeres, y 471 niños, niñas y adolescentes.

Estos datos no registran los numerosos casos de detenciones ilegales en que la policía se imita a secuestrar y golpear manifestantes, para luego soltarlos.

Según datos de la Defensoría Penal Pública, en la primera semana de la revuelta casi 900 detenciones fueron declaradas ilegales por los tribunales de garantía. Pero su número debe ser mucho mayor. En efecto, en los casos en que las personas detenidas no son pasadas a audiencia de control de detención ningún juez llega a analizar la legalidad o ilegalidad de las detenciones, lo cual genera una cifra oculta de detenciones ilegales que sólo podría aclararse en la medida que se realicen denuncias e investigaciones.

En la primera semana de la revuelta una cantidad aproximada de 89 personas quedó en prisión preventiva (sólo considerando hombres adultos en la ciudad de Santiago), siendo enviados a los módulos 4 y 5 de la cárcel-empresa Santiago 1. Actualmente se encuentran agrupados en el módulo 14.

Ninguna de estas personas estaba imputada de haber cometido delitos contra otras personas. Sencillamente se trataba de proletarios que se unieron a la recuperación de mercancías en supermercados, algunos que fueron acusados de atacar a las fuerzas represivas, y una cantidad de considerable de víctimas de imputaciones falsas y los montajes policiales ya acostumbrados. Los delitos imputados son: robo en lugar no habitado, homicidio frustrado de policías, porte de armas, e incluso una querella por delito terrorista. En todos esos casos jueces serviles al orden capitalista consideraron que constituían un “peligro para la sociedad” (requisito legal para las prisiones preventivas que ha sido permanentemente cuestionado por los órganos nacionales internacionales de derechos humanos).

“Para el Estado, no existe más que una ley única e inviolable: la supervivencia del Estado”. (K. Marx)

A partir del 30 de octubre, ya implementado el cambio cosmético de gabinete, además de la brutal represión callejera que no ha cesado en cualidad ni cantidad, se ha empezado a incorporar una dimensión adicional más selectiva: encarcelamiento de supuestos responsables del inicio del estallido, y/o de acciones puntuales de violencia proletaria en contra del funcionamiento normal de la sociedad capitalista.

No es casual que algunos de los “cerebros” de esta embestida represiva sean viejos conocidos: los fiscales Barros y Orellana de la tristemente célebre Fiscalía Metropolitana Sur, anteriormente dirigida por Alejandro Peña (actual defensor de pacos y narcos, que luego de pasarse al Ministerio de Interior en el 2012, en pleno Caso Bombas, terminó cayendo por su propio peso al verse involucrado en escándalos de corrupción) y luego por Raúl Guzmán (que desde la Fiscalía se candidateó con éxito al puesto de Secretario del Senado, desde donde en un par de años más se va a candidatear al puesto de Fiscal Nacional).

Barros es un mentiroso de tomo y lomo, y ya se hizo famoso en el Caso Bombas cuando declaró a La Tercera que casas okupas como la Sacco y Vanzetti y La Crota eran centros operativos de una organización anarco-terrorista y que sólo tenían la fachada de Bibliotecas Populares pues “en su interior no se encontró ningún libro”. Curiosamente, el grueso de los materiales incautados en esas casas y presentados a juicio eran libros, folletos, e incluso fichas de socios y listados de préstamos bibliográficos. Sin comentarios.

Ahora Barros y Orellana, que son como tonto y retonto al mando del aparato represivo, lograron dejar en prisión preventiva a un joven profesor de matemáticas, tras demostrar mediante registros de video que había dado unos cuantos palmetazos y golpes de zapatilla contra unos torniquetes del metro. Dado el nulo daño causado al metal mediante esas vías tan poco idóneas para destruirlo, y la falta de antecedentes penales del imputado, en condiciones normales no hubiera alcanzado ni para una multa por daños menores. Pero la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, heredera de la Ley maldita de los tiempos de González Videla, permitiría aplicarse una pena absolutamente desproporcionada de entre 3 años y 1 día a 10 años.

Según el relato de Barros y Orellana, fieles discípulos del montajista Peña, “no es menor señalar que este es el primer hecho donde parten todos los hechos que posteriormente todos conocemos, con destrucción y con quema de algunas estaciones del Metro». O sea que en flagrante violación de los principios del Derecho penal moderno, a este compa se la persigue no por lo que hizo en concreto, sino que en tanto símbolo del inicio de la insurrección. Represión política como en los tiempos de la dictadura de Ibañez, relatados en “La tiranía en Chile” de Carlos Vicuña, o las actuaciones policiaco-represivas detalladas en “La inquisición chilena 1925-1931” de Townsend y Onel.

También se formalizó y dejó en prisión preventiva a tres compas por hacer barricadas prendiendo maderos en la línea del Metrotren. Durante su detención en la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda fueron interrogados por personal de la Inteligencia de Carabineros, encapuchado y sin identificación. El delito es una infracción a la Ley General de Ferrocarriles contemplada en su artículo 105, y que dispone lo siguiente: “El que voluntariamente destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio”. Es decir que se trata de un simple delito, cuyo bien jurídico protegido es la seguridad del tránsito en las vías férreas, y que se sanciona con una pena que va de 61 días a 3 años de presidio menor. No teniendo contemplada pena de crimen (mayor a 5 años) no debiera aplicarse mientras dure la investigación y el juicio una medida cautelar privativa de libertad. Y de hecho, la prisión preventiva no la solicitó el Ministerio Público, sino que fue aplicada directamente por la Jueza del 1º Juzgado de Garantía, tras aparentemente recibir un llamado telefónico y una carpeta que le indicó que los detenidos estarían vinculados al Movimiento Juvenil Lautaro.

Todos estos hechos que tenemos a la vista y no han dejado de ocurrir no se explican solamente por el innegable carácter dictatorial asumido por la Tiranía del empresariado como respuesta a las evasiones masivas realizadas por el proletariado juvenil y que tuvieron la capacidad de contagiar el fuego de la revuelta a todo el pueblo. Estas prácticas abiertamente terroristas e ilegales existían antes de 1973. Se usaron en 1971 contra la VOP y antes, durante y después del golpe contra cualquier embrión de autonomía proletaria, se usaron de 1983 a 1989 para acallar las protestas y siguieron existiendo después de 1990 ahora al mando del PS y la DC, contra nuestrxs compas rodriguistas, miristas y lautarinos. Se usan y se sigan usando siempre contra el pueblo mapuche en resistencia, contra anarquistas y autónomos de diversas variedades, y se volvieron a usar ahora en contra del conjunto del pueblo en lucha.

Si durante 30 años de “paz social” en Chile, la dominación se había incrustado en todxs nosotrxs, con una población casi enteramente sometida “a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales”, hemos llegado en 2019 a lo que Marx describía como los “casos excepcionales” en que se vuelve acudir a la “violencia directa, extraeconómica”, que nos vuelve a mostrar abiertamente a todxs el carácter anti-humano y terrorista no sólo del llamado “neoliberalismo”, sino que del capitalismo mismo desde su origen y en todas sus formas y/o fases (estado de bienestar, capitalismo de estado, capitalismo privado, neoliberal, posmoderno, nuevo pacto social, etc.).

¡El Estado es terrorista por definición, y la única forma de aplastar al terrorismo de estado es acabar con el estado en sí mismo!

¡No debemos dejar solxs a nuestrxs compas que están encerradxs por tiempo indefinido en las mazmorras de la dictadura democrática del capitalismo, y que van a seguir aumentando!

¡Este movimiento hermoso y multiforme ajustará todas las cuentas con el pasado y no dejará nunca más a nadie solx!

¡A no aflojar ni un milímetro de lo que hemos conquistado hasta ahora!

¡Viva el retorno de la revolución social!

Anónimo desde la guerra social 1° de noviembre 2019