El jueves 17 de octubre del 2019, la insistente agitación y desobediencia ante un nuevo aumento en el pasaje del tren subterráneo estallaba en cada evasión masiva y consecutiva represión a lo largo de Santiago, principalmente protagonizada por estudiantes secundarios.

Fue en ese momento que Roberto, un joven profesor de 35 años que realiza clases de Matemáticas y Estadísticas, decidió unirse y rebelarse contra lo que instintivamente identificó como la maquinaria que lo oprime cotidianamente. Tras volver de su trabajo se encontró con una nueva y masiva evasión, en medio de los desórdenes que ocurrían en el Metro San Joaquín (Línea 5), el joven habría roto los distintos torniquetes y validadores de la estación del metro.

Al día siguiente la acción se multiplica, la rabia se expande y estalla la revuelta imparable hasta hoy.

Pasan los días y noches de fuego, toques de queda y militares en las calles, cuando durante la tarde del 29 de octubre mientras las fuertes protestas continúan en el centro de Santiago, personal de la BIPE-PDI (Brigada de Investigaciones Especiales de la Policía de Investigaciones) detiene a Roberto Campos Weiss en su domicilio. Las imágenes de Roberto a cara descubierta destruyendo los torniquetes fue la principal y única prueba en su contra. No hay labor ni merito policial, de inteligencia o investigación como pretenden mostrar por la prensa.

El proceso es llevado por la Fiscalía Sur, denominada como especialista en casos de atentados explosivos e incendiarios, y ahora asumida sin tapujos como perseguidores políticos por excelencia. La nueva GESTAPO celebró la detención de Roberto, como el primer detenido de la revuelta y decidió formalizarlo por Daños y por la Ley de Seguridad Interior del Estado (Articulo 6, letra C: “Los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”).

El nuevo ministro de guerra (o del interior según sea el caso), Gonzalo Blumel solicitó el máximo de penas contra Roberto señalando que: “esa persona le causó un daño profundo a cientos de miles de familias chilenas”. Claro esta que para Blumel la decena de muertos, los cientos de heridos, los más de 40 individuos que han perdido la vista y la decena de jóvenes violadxs por los mercenarios de uniforme, no valen nada al lado de 4 validadores destruidos.

Finalmente el 30 de octubre Roberto enfrentó a todo el poder judicial en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, donde la jueza valido el uso de la “Ley de Seguridad del Estado” y señalo 5 años como pena probable, además de indicar que “el sujeto se siente validado por la acción, y esa es una actitud aún más peligrosa”. De esta forma determinó un plazo de 90 días de investigación, prisión preventiva e ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad

¡Solidaridad con Roberto y todxs lxs detenidxs por la revuelta de octubre!

¡A sacar a nuestrxs presxs de las cárceles!

¡A multiplicar las expresiones solidarias con quienes se encuentran tras las rejas por lucha!

¡Abajo la Ley de Seguridad Interior del Estado!